Vivir encima de un comercio que explotó en Calella: miedo, silencio administrativo y seguridad en entredicho. Cuando la tranquilidad doméstica se quiebra en una noche de humo y explosiones.
La noche del 22 de junio de 2022, poco antes de las once, la calma cotidiana de un edificio residencial de Calella se rompió de forma abrupta. Varias explosiones secas, seguidas de un olor intenso a quemado, despertaron a quienes se encontraban en casa. En plena celebración de San Juan, muchos pensaron que se trataba de petardos. Sin embargo, en cuestión de minutos, un humo negro y espeso empezó a colarse por el patio interior del inmueble y a entrar en las viviendas. Los bomberos acudieron con cuatro dotaciones, se desalojaron de manera preventiva 15 pisos y dos personas fueron atendidas por inhalación leve de humo. Aquella rápida reacción vecinal evitó una tragedia mayor, pero el miedo quedó instalado para siempre.
El origen del incendio y la carga de baterías como riesgo latente
En las investigaciones posteriores se determinó que el fuego se originó por la explosión de una batería que se estaba cargando en el interior del local situado bajo las viviendas. Este hecho puso sobre la mesa una realidad incómoda: la convivencia entre usos residenciales y actividades comerciales que manejan dispositivos eléctricos de alta potencia. La ausencia de barreras técnicas eficaces y de compartimentación adecuada permitió que el humo se propagara con rapidez, invadiendo escaleras y pisos. Desde entonces, la preocupación por contar con extintor baterias litio adecuados y sistemas de contención específicos se convirtió en una exigencia vecinal constante, al entender que no se trataba de un incidente aislado, sino de un riesgo estructural.
Licencias, instalaciones heredadas y medidas de protección insuficientes
El local afectado había tenido anteriormente otra actividad comercial, sin relación con la carga masiva de dispositivos eléctricos. La instalación eléctrica no fue renovada de forma integral, a pesar del cambio radical de uso. Donde antes se vendían recuerdos, pasaron a conectarse decenas de baterías de manera simultánea, incrementando la carga eléctrica y el peligro de sobrecalentamiento. En este contexto, la ausencia de un extintor litio específico y de protocolos claros de prevención se percibió como una negligencia grave. La seguridad pasiva del edificio quedó en entredicho, al no existir garantías de que un incendio similar no pudiera repetirse en cualquier momento.
Instancias, silencios y versiones enfrentadas tras el incendio
Desde el verano de 2022, los vecinos afectados iniciaron un largo recorrido administrativo. Se presentaron instancias registradas, se enviaron correos electrónicos y se solicitaron explicaciones claras sobre la licencia de actividad, las inspecciones realizadas y las medidas correctoras exigidas tras el incendio. Mientras el Ayuntamiento sostuvo que hubo contactos informales con un ingeniero municipal, los residentes negaron haber recibido información concreta y documentada. Este cruce de versiones alimentó la sensación de indefensión y convirtió el caso en uno más dentro de los sucesos que evidencian la distancia entre la administración y la ciudadanía cuando se trata de seguridad real y cotidiana.
Expedientes abiertos y un local que continúa operativo
En enero de 2024, el consistorio notificó la apertura de expedientes para subsanar deficiencias detectadas durante inspecciones posteriores. Entre ellas figuraban problemas de aislamiento, deficiencias acústicas, zonas sin techo y elementos técnicos sin la protección necesaria para evitar la propagación del fuego. A pesar de ello, el establecimiento siguió abierto, una decisión que generó un profundo malestar en la comunidad. Para quienes viven encima, la continuidad de la actividad sin una solución visible reforzó la idea de que las medidas adoptadas eran insuficientes y llegaban demasiado tarde.
Convivencia vecinal y conflictos de responsabilidad
El impacto del incendio no se limitó al plano material. La convivencia dentro del edificio se tensó notablemente. El inquilino del local y el propietario intercambiaron reproches sobre responsabilidades civiles, seguros y posibles indemnizaciones. Mientras tanto, los vecinos quedaron atrapados en medio de un conflicto que no habían provocado, pero cuyas consecuencias soportan a diario. La incertidumbre sobre quién debe asumir los costes de adaptación y seguridad agravó la sensación de abandono institucional y de riesgo permanente.
La mediación del Síndic de Greuges de Catalunya
Ante la falta de respuestas claras y una interlocución efectiva, el caso llegó al Síndic de Greuges de Catalunya. A través de este organismo, el Ayuntamiento trasladó información sobre las medidas finalmente exigidas a la propiedad del local. Sin embargo, el proceso fue percibido como lento y opaco, sin una comunicación directa y comprensible para quienes viven con el temor constante de un nuevo incidente. La mediación sirvió para desbloquear información, pero no para restaurar la confianza perdida.
El impacto invisible en la salud emocional
Más allá de los daños visibles, el incendio dejó una huella profunda en la salud mental de los afectados. El miedo nocturno, la hipervigilancia ante cualquier olor extraño y la ansiedad persistente se convirtieron en parte de la rutina diaria. Durante meses, algunos vecinos tuvieron que recurrir a bajas médicas y apoyo profesional. La seguridad del hogar, entendida como refugio, quedó comprometida, transformando la vivienda en un espacio de alerta constante.
Intereses cruzados y dudas sin resolver
Con el paso del tiempo, surgieron sospechas sobre posibles intereses cruzados relacionados con licencias concedidas poco antes del incendio, responsabilidades patrimoniales y el papel de los seguros. Aunque estas interpretaciones no han podido demostrarse, reflejan el clima de desconfianza generado tras años de reclamaciones sin una respuesta concluyente. La percepción de que alguien dio el visto bueno cuando no debía hacerlo sigue alimentando el conflicto.
La exigencia de una seguridad verificable y transparente
La demanda vecinal se mantiene firme desde el primer día: documentación clara, una revisión técnica concluyente y la certeza de que la vivienda es segura. No se trata de peticiones extraordinarias, sino de garantías básicas para vivir sin miedo. La experiencia de Calella pone de relieve la necesidad de controles rigurosos, inspecciones periódicas y una comunicación transparente entre administraciones, propietarios y residentes.
Una lección urbana que no puede ignorarse
Este caso evidencia un problema estructural en muchas ciudades: la falta de adaptación de los edificios residenciales a nuevas actividades comerciales de riesgo. La seguridad no puede basarse en la reacción tras la emergencia, sino en la prevención real y efectiva. Garantizarla es una responsabilidad compartida que exige voluntad política, rigor técnico y respeto por quienes, cada noche, confían su vida a la solidez de su hogar.